La rendición de cuentas en México ha sufrido un severo revés en el lugar donde se supone residen los representantes de la nación. A partir de esta semana, cualquier ciudadano que desee consultar cómo se evaluó, recibió y seleccionó a los nuevos miembros del Consejo General del INE se topará con una pared legal. El Comité de Transparencia legislativo determinó de manera oficial que dicha información será confidencial y reservada por la mitad de una década.
Con base en los datos periodísticos proporcionados por El Excélsior, este polémico acuerdo se concretó con el respaldo mayoritario de servidores públicos que guardan una estrecha lealtad con el partido Morena. La decisión provocó la inmediata reacción de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Kenia López Rabadán, quien decidió romper el silencio institucional y exponer públicamente las razones de su absoluto rechazo ante esta política de opacidad.
La legisladora del PAN defendió la tesis de que el escrutinio de la sociedad es vital para la salud de las instituciones públicas. Afirmó que la transparencia no se diseña con la intención de dañar o perseguir a los funcionarios, sino para dar certeza a la población de que los gobernantes actúan con rectitud, apegados a la ley y respetando siempre los límites razonables que tienen que ver con los datos personales de los ciudadanos involucrados.
El mensaje de inconformidad fue formalizado ante el propio Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados por el secretario técnico Gustavo Flores Gutiérrez. En representación de la diputada presidenta, Flores Gutiérrez dio lectura al documento de rechazo, dejando en claro que la Mesa Directiva no avalaría que se escondiera la documentación que fue generada, evaluada y resguardada durante las etapas del proceso que culminó hace apenas unas semanas.
A pesar de la lectura del documento y de las advertencias sobre el daño que esto causa a la confianza ciudadana, el bloque mayoritario del comité consumó la reserva total. Con esto se cierra la posibilidad de realizar auditorías ciudadanas o periodísticas independientes sobre un proceso que ya venía arrastrando una pesada losa de desconfianza por la falta de claridad en las deliberaciones internas de los examinadores.
El velo de misterio impuesto por cinco años impedirá esclarecer, entre otras cosas, por qué no existió una justificación pública detallada al momento en que el Comité Técnico de Evaluación confeccionó las quintetas de finalistas. Tampoco se podrá profundizar en las denuncias sobre las calificaciones atípicas de ciertos aspirantes ligados al gobierno, un fenómeno que despertó suspicacias generalizadas entre los demás participantes del concurso de selección.
La autoría de este blindaje documental recae en los funcionarios de las secretarías de Servicios Administrativos y Parlamentarios, la Contraloría Interna y la Dirección de Asuntos Jurídicos de San Lázaro. La oposición ha dejado en claro que estos perfiles, encabezados por Aliza Klip y Hugo Christian Rosas, actúan como un brazo político que responde directamente a Ricardo Monreal Ávila, jefe de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo.
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