La transparencia en el nombramiento de funcionarios electorales ha vuelto a ser puesta en duda. Tres consejeros del INE han decidido que no pueden dejar pasar lo que consideran una violación flagrante a la legalidad en la Unidad de Fiscalización. El caso ya está en manos de la Sala Superior, donde se determinará si el nombramiento de Mario Alberto Alejo García fue legítimo.
Información de La Silla Rota señala que los consejeros José Martín Fernando Faz, Carla Astrid Humphrey y Arturo Castillo son quienes encabezan la demanda. Ellos sostienen que la presidenta Guadalupe Taddei realizó el nombramiento mediante un proceso que vulnera la integración técnica y legal que el INE requiere para sus áreas críticas.
La demanda de juicio general busca la revocación del nombramiento emitido el 22 de abril. Para los demandantes, el acto administrativo es nulo debido a que no se respetaron los criterios de idoneidad y legalidad que mandata la Constitución en materia de elecciones y vigilancia de recursos públicos.
Este nuevo frente de tensión ocurre mientras el INE atraviesa un periodo de reajuste operativo. Se están cambiando perfiles en áreas que serán determinantes para los procesos electorales que se avecinan. Sin embargo, estas modificaciones han generado críticas internas sobre la falta de pluralidad y la excesiva concentración de poder en la presidencia.
La fiscalización de recursos es uno de los temas más espinosos en la política mexicana. Por ello, que el titular de esta área sea impugnado por sus propios compañeros de consejo envía una señal de alerta a la ciudadanía. La duda sobre quién controla la fiscalización y bajo qué criterios se toman las decisiones es hoy más fuerte que nunca.
El Tribunal Electoral tiene la última palabra sobre este nombramiento estratégico. Su decisión no solo afectará a Alejo García y a Taddei, sino que sentará un precedente sobre cómo se deben realizar las designaciones técnicas dentro del órgano electoral más importante del país.
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