Para entender el conflicto actual del registro celular, es necesario mirar hacia atrás en el calendario. Todo comenzó en diciembre de 2025, cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó la creación del padrón. Desde ese momento, se estableció que el objetivo primordial sería dotar al Estado de una herramienta para prevenir delitos realizados a través de dispositivos móviles.
El despliegue fue veloz, quizás demasiado. La CRT otorgó solo 30 días para los ajustes técnicos, fijando el inicio de los registros para el viernes 9 de enero de 2026. Desde ese primer minuto, las compañías debieron estar preparadas para recibir la información de sus clientes, una tarea titánica para un sector que maneja una base de usuarios superior a los 100 millones de personas.
A lo largo de los meses de enero y febrero, el proceso avanzó con lentitud. Para el 8 de marzo, las cifras oficiales apenas superaban los 20 millones de inscritos. Fue en este periodo donde la industria comenzó a notar que la campaña de comunicación prometida por la autoridad rectora no llegaba, lo que generó un ambiente de incertidumbre y desgaste entre las partes involucradas.
A mediados de abril, la situación se volvió insostenible para los operadores. Ante la negativa de la CRT a otorgar una prórroga y su incapacidad para liderar la difusión, la Anatel (que incluye a Telcel, AT&T y Movistar) y la AMOMVAC decidieron actuar. Esta semana marcará un antes y un después, con una saturación de mensajes urgentes en redes sociales y plataformas digitales para salvar las líneas.
El calendario futuro no ofrece tregua. El 30 de junio es el límite final para registrarse. Quienes no lo hagan entrarán en una fase de desactivación progresiva. El punto final del servicio comercial ocurrirá el 9 de julio de 2026, fecha en la que los dispositivos quedarán prácticamente inútiles para la vida cotidiana, permitiendo solo llamadas de auxilio a autoridades.
Esta cronología refleja una carrera contra el tiempo donde la planeación legal parece haber chocado con la realidad operativa. Mientras la industria intensifica la presión, los usuarios se encuentran en medio de un fuego cruzado informativo. Lo único cierto es que las fechas son inamovibles por ahora y el costo de no participar en el registro es la pérdida total de la conectividad móvil.
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