Cuauhtémoc, Ciudad de México. 18 de mayo 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor (Profeco); Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo; Arturo Saldivar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia; Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social. Federal. Foto: Juan Carlos Ramos Mamahua /Presidencia
Una profunda reorganización al sistema de elección de magistrados y jueces ha sido enviada formalmente al Palacio Legislativo de San Lázaro. La propuesta impulsada por la presidenta de la República busca reprogramar el proceso de votación popular para el 2028, introduciendo nuevas dinámicas de fiscalización y selección.
De conformidad con la información de El Excélsior, el proyecto establece el diseño de un mecanismo especial para la revisión de las candidaturas que sustituirá a los esquemas previos. El cronograma del gobierno federal apunta a que la reforma sea ratificada por ambas cámaras del Congreso de la Unión a inicios de junio.
La jefa del Ejecutivo aclaró que la coincidencia temporal con una eventual revocación de mandato en 2028 no representaría un problema logístico. Según sus declaraciones, ambos ejercicios se realizarían de manera unificada empleando la misma casilla, lo que reduciría los costos de operación para el organismo electoral.
El documento destaca la conformación de un comité tripartito integrado por miembros designados por los tres Poderes de la Unión. Este órgano especializado tendrá la tarea exclusiva de vigilar y evaluar que todas las personas inscritas cumplan estrictamente con las directrices profesionales y éticas que exige la ley vigente.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, puntualizó que la Suprema Corte de Justicia contará únicamente con un máximo de 54 candidatos en las boletas. Este ajuste representa una reducción considerable frente a los 81 nombres que se registraron durante el proceso electoral del año 2025.
Finalmente, las modificaciones buscan agilizar las operaciones logísticas del personal de las mesas directivas mediante el conteo local de sufragios. Con estas disposiciones, el gobierno federal confía en disipar las dudas operativas manifestadas por diversos sectores en torno a la complejidad de las elecciones judiciales.
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