Trabajadores del Sindicato del Infonavit delegación Yucatán realizaron un plantón pacífico en las oficinas del instituto en Mérida para expresar su rechazo a la propuesta de regularizar viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra.
La protesta fue encabezada por el secretario general, León Valencia Pérez, quien manifestó la inconformidad del gremio ante las recientes declaraciones del Director General del organismo, Octavio Romero Oropeza.
Durante la manifestación, los sindicalizados alzaron la voz en defensa de los recursos propios de las trabajadoras y los trabajadores de México, advirtiendo que las medidas planteadas representan una amenaza para la legítima propiedad de la vivienda.
“Es necesario hacer sentir nuestro repudio al tratar de violentar la propiedad legítima y seguir alentando a los invasores”, señalaron mediante un pronunciamiento.
Cabe mencionar que diversos organismos empresariales, como Coparmex, Concamin, Canaco, COMCE, entre otros, también externaron su firme oposición a la propuesta del Infonavit, señalando que se trata de una medida que institucionaliza la ilegalidad, vulnera el derecho de propiedad y pone en riesgo los ahorros de millones de trabajadores.
Además, advirtieron que esta estrategia ignora la crisis financiera que enfrenta el Infonavit, donde uno de cada tres créditos presenta incumplimientos de pago.
El posicionamiento de los empleados del Infonavit en Yucatán se suma a la exigencia de frenar cualquier intento de legalizar ocupaciones al margen de la ley y garantizar la certidumbre jurídica para los legítimos acreditados.
Afirmaron que el Instituto no tiene atribuciones para entregar viviendas a personas no afiliadas y llamaron a preservar la legalidad y el respeto al patrimonio de quienes han cumplido con sus obligaciones.
Consideraron que esta medida contradice el mandato legal del Instituto y pone en riesgo los ahorros de más de 60 millones de trabajadores que aportan a este fondo.
Alertaron que del universo de 843 mil viviendas abandonadas, la Secretaría del Bienestar ha censado 168 mil, de las cuales el 86% están ocupadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Infonavit ni con los propietarios legítimos.
Asimismo, recordaron que el Infonavit enfrenta una crisis financiera desde 2015, y que la morosidad pasó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024.
Finalmente, exigieron que no se legalicen ocupaciones irregulares, ya que el Infonavit no tiene atribuciones para entregar viviendas a personas no afiliadas.
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